El sistema de riesgos del trabajo constituye la respuesta a uno de los vacíos institucionales más trascendentes en el país. Su implementación, en 1996, significó un cambio sustantivo en el ordenamiento jurídico argentino, pues se pasó de un esquema basado en la responsabilidad individual a un subsistema de seguridad social.

Su estructuración permitió incorporar criterios de organización más modernos, que apuntaron a lograr la eficiencia social a través de tres componentes fundamentales: la prevención, la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y la recalificación y reubicación de los trabajadores damnificados.

En este proceso de evolución, la sanción de la LRT fue un punto de inflexión, pues vino a terminar con un régimen reactivo, meramente resarcitorio, para transitar hacia una  política laboral basada en la prevención del riesgo laboral, que protegiera la salud y la vida de los trabajadores.

La LRT le otorgó al Estado el rol determinante e indelegable de regular, fiscalizar y controlar el sistema y de preservar la calidad, solvencia y equidad con que opera el mismo.

Puso coto a la incertidumbre, tanto para los trabajadores como para los empleadores, generando los mecanismos adecuados para la protección de las víctimas de las contingencias laborales y previsibilidad para los empleadores.

La Ley N° 26.773 posibilitó establecer un sistema de actualización para asegurar la integridad de las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad permanente y muerte, estableciendo una compensación cierta y oportuna, apuntando a que los costos de estas contingencias fuesen razonablemente previsibles para la integralidad del sistema.

En resumen,  la LRT ha sido el inicio de esa búsqueda permanente del bienestar de los trabajadores y de la construcción de un ambiente laboral seguro y saludable.

Ha contribuido al crecimiento de la conciencia social y ha sido útil para modificar conductas en favor de la prevención.

Durante los últimos años hemos avanzado, retrocedido y vuelto a avanzar. Lo positivo es que el conjunto de estas decisiones se han consolidado como una política de Estado, que persistió a través de los gobiernos.

Transcurridos 20 años del nacimiento del sistema, nos encontramos ante nuevos retos e incertidumbres.

Las estadísticas son positivas: la cobertura del sistema alcanza hoy a casi 10 millones de trabajadores y cerca de 1,5 millón de empleadores.

Descendió el índice de la mortalidad, de siniestralidad y mejoró también la calidad de las prestaciones y coberturas.

Sin embargo, y sin perjuicio de estos indicadores, el problema que enfrentamos y que amenaza con desestabilizar el sistema es el de la creciente litigiosidad.

Las disímiles interpretaciones jurisprudenciales han distorsionado -hasta desnaturalizarlo- el valor del daño producido en un trabajador accidentado o enfermo a causa de su actividad laboral. Y este punto amenaza con quebrar la solvencia del sistema.

Si no establecemos una estrategia en común y no procuramos un nuevo acuerdo social con legitimidad técnica jurídica,  podemos  regresar a la etapa anterior a la ley de riesgos del trabajo, es decir, volveremos a la incertidumbre y a un esquema perverso donde los trabajadores, ante una contingencia, se veían forzados a reclamar su reparación al empleador.

Definitivamente, no se puede convivir con la litigiosidad.  Los procedimientos litigiosos son incompatibles con la idea de previsibilidad y costos razonables. Conspira contra la calidad laboral. Desalienta la generación de empleos, las inversiones y la competitividad de la economía.

Hay que cambiar. Hay que homogeneizar los criterios para evitar que un mismo daño sea cuantificado de manera distinta. La rigurosidad técnica limita la arbitrariedad y aumenta la legitimidad.

Modificar este escenario y avanzar en el mejoramiento del sistema hace a la defensa de las condiciones laborales del trabajador y a la defensa de todos los actores del sistema.

Resta mucho por hacer. Seguir capacitando e inspeccionando para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo. Esto implica aumentar la capacidad y calidad inspectiva, generar conciencia en la importancia de cuidarse personalmente y cuidar a los demás en los lugares de trabajo.

Nuestro gobierno, desde el primer día, estableció de forma clara que su desafío principal pasaba por la creación de trabajo. Trabajo de calidad, entendiendo que es la vía que nos permite, como seres humanos, vislumbrar un horizonte de optimismo en el futuro y una mirada de esperanza hacia el desarrollo de nosotros mismos y de nuestras familias.

Para un país que estuvo estancado casi cinco años en la generación de empleo, este desafío no es sólo enorme, sino urgente. Necesitamos dar señales inequívocas para generar oportunidades tangibles que favorezcan el crecimiento de la Argentina, creando condiciones previsibles para el que busca invertir y generar nuevos puestos de trabajo para aquellos argentinos que hoy sufren la informalidad laboral.

Nosotros estamos trabajando en la construcción y en el fortalecimiento del sistema de riesgos del trabajo para los próximos 20 años.

Hay que federalizar el sistema de riesgos del trabajo, expandiendo la presencia institucional de la SRT en las distintas administraciones provinciales, a partir de la creación de oficinas integrales ubicadas en lugares estratégicos en el país, para que el usuario pueda acceder a la totalidad de los servicios que brinda la SRT.

Avanzar en la igualación de derechos de los trabajadores que, como el caso de muchos empleados provinciales y municipales, hoy no se hallan protegidos por la cobertura del sistema. Buscamos un mecanismo de integración nacional que promueva la igualdad en la calidad prestacional para todos los trabajadores, jerarquizando el empleo público de calidad en todos sus niveles.

Más federalización es más justicia y más calidad de vida para los ciudadanos de cada provincia.

Es fundamental que la Nación, las provincias y los municipios trabajemos en conjunto, como un equipo, con mucha responsabilidad y esfuerzo, pensando siempre primero en la gente. Creemos que éste es un camino para unir a los argentinos y alcanzar la “Pobreza cero”.

Estamos trabajando en mejorar la resolución institucional por medio de las vías administrativas.

Nos proponemos formar parte de un Estado moderno y utilizar las herramientas tecnológicas disponibles que nos ayuden a llevar una gestión transparente y de acción para resolver los problemas de la gente.

La SRT tiene que ser un ámbito más ágil, más eficiente, más justo, más certero y moderno. Que active la interacción entre el Estado y los ciudadanos con una administración sin papeles, desarrollando una política de Gobierno Abierto para rendir cuentas y gobernar con la gente.

En definitiva, tiene que ser un instrumento que contribuya a estimular el empleo registrado, digno, sano y seguro; la productividad de las empresas y el crecimiento económico social  sustentable de todos los argentinos.

De este modo, estaremos construyendo un futuro con una mejor calidad de vida para todos.

Por Gustavo Morón
Superintendente de Riesgos del Trabajo